Rafael Cardona, en su cristalazo, consideró que, según la primera versión oficial de entonces, divulgada durante la administración de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos.
La investigación que llegó a estas conclusiones fue liderada por el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam y el jefe de investigación Tomás Zerón.
Agrego que organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la "verdad histórica" no había "atendido adecuadamente la línea de investigación", demostrando la existencia de "una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano".