Hemos registrado con sorpresa la decisión en primera instancia de la Procuraduría General de la Nación de destitución de la Gobernadora Sorrel Aroca, más la inhabilidad por once años para el ejercicio de cargos públicos.

Sorprende la agilidad procedimental con la cual se adelantó el proceso. Sorprende, la dureza de la decisión, cuando los elementos escrutados por el órgano disciplinario son rebatibles en el campo de lo jurídico. Sorprende que se siga imponiendo decisiones de orden disciplinario sobre la decisión de las mayorías que determinan mediante el voto la voluntad popular, sin que medie procesos de orden penal ni fiscal, que constituyen razones para defender el interés público y del erario, según lo ordenado en nuestra Carta Política.

En el Putumayo con la elección de Sorrel Aroca a la Gobernación se rompieron paradigmas de continuismo y exclusión. Se rompió el dominio sobre los recursos de la salud como fuente de enriquecimiento ilegal de administradores y políticos. Se rompió el paradigma de la intermediación a los programas de desarrollo rural, que nunca llegaron con efectividad a las comunidades rurales, quienes por años han reivindicado otros modelos de desarrollo, acordes con las condiciones andino amazónicas, de reestructuración de una economía intervenida por el conflicto armado y otras formas de economía ilegal, de unas comunidades que se juegan su derecho a ser protagonistas de su propia historia pero que han sido usurpadas por representaciones políticas a las que interesa más lo que dice Bogotá y sus señoríos, que lo que pasa en los territorios putumayenses.

Sorrel Aroca como Gobernadora le dijo Sí al Putumayo profundo. Recorrió todos los municipios y corregimientos realizando Cabildos Abiertos de Presupuesto Participativo, para que las comunidades compartieran sus propuestas, presentaran sus proyectos de inversión, concertaran entre ellas y con la administración departamental, y se tomaran decisiones democráticas, que garanticen transparencia en la formación del presupuesto, lo que no gusta a muchos en la Asamblea Departamental, pero sobre todo perfecciona el seguimiento y veeduría ciudadana en la ejecución de los recursos públicos, que verdaderamente crea cultura política entre la población y ahuyenta a los políticos tradicionales.

El Partido Alianza Verde, solicita a la Procuraduría General de la Nación, que atienda la apelación que se adelanta ante sus instancias, para que se haga un estudio concienzudo y ponderando de todos los factores que permitan, sin afanes, entregar las máximas garantías, no sólo procesales, sino jurídicas e institucionales, para que el Putumayo siga su curso, preparándose de manera responsable para asumir las transformaciones que imponen la Paz y el posconflicto.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL