En tiempos del Imperio romano, de las obras públicas se encargaban los 'publicani', y estaban financiadas por las arcas del Estado. La República lograba grandes botines de guerra cuando conquistaba nuevos territorios, además de obtener ingresos adicionales a través del 'stipendium', un tributo que debían pagar las ciudades vencidas.

Pero tras celebrar el triunfo, debían pensar en gobernar y administrar las nuevas posesiones, además de tratar de satisfacer mínimamente las necesidades de los habitantes de los territorios ahora sometidos.

Los tentáculos administrativos de Roma no eran tan largos como para poder cubrir todas estas obligaciones. Ahí aparecen los 'publicani', empresarios privados o sociedades, a los que se recurría para construir la obra pública civil, como acueductos o calzadas; religiosa, como los templos; o las de carácter propagandístico y cultural, como las estatuas, los monumentos, los anfiteatros o los circos. Además, también se encargaban del correspondiente mantenimiento.

Una vez que el Senado aprobaba el gasto, y con las ofertas presentadas en papiro o en pergamino, los censores estudiaban las ofertas, y adjudicaban la obra al proyecto con mejor relación calidad/precio. Pese a la normativa, ser generoso con los políticos, o estar dentro de su círculo de amistades, hacía que las posibilidades de hacerse con el contrato aumentasen.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de cargos públicos en Roma eran de periodicidad anual, y no estaban remunerados. Eso hacía que solo las familias pudientes pudieran permitirse ser candidatos, ya que debían financiar las campañas electorales, e incluso los gastos durante su mandato. Y no era barato, porque para ganarse al pueblo costeaban obras públicas o financiaban espectáculos.

Con la caída de Roma, y la desintegración de sus estructuras centralizadas, el poder se dispersó. Primero entre los pueblos germánicos, y después entre los señores feudales. El modelo productivo esclavista se vio sustituido por uno basado en la relación de servidumbre. Eran los nombres los que debían dotar a su reino de las estructuras necesarias: puentes, molinos, fortificaciones, norias... Pero en este caso, la inversión se repercutía vía impuestos en sus vasallos.

Hay numerosos ejemplos, como la alfarda, que era el pago por aprovechar el agua de las acequias; el herbaje, que se pagaba por aprovechar los pastos; el montazgo, que era un impuesto sobre los ganados; el diezmo, que correspondía a una décima parte de las cosechas y que recaudaba la iglesia para mantener el clero... Se pagaba por el depósito de mercancías, por su comercio, por usar molinos y hornos comunitarios, por trabajar la tierra, por entrar en las ciudades, por cruzar puentes...

Todos estos impuestos medievales eran indirectos, se aplicaban independientemente de la capacidad económica del pagador, y gravaban la producción, el comercio o el consumo. Repercutían casi en exclusiva en el pueblo, y beneficiaban a la Corona, la nobleza y el clero.

Otro tema era la sisa, un impuesto que consistía en descontar en el momento de la compra una cantidad de ciertos productos, normalmente un octavo. La diferencia entre el precio pagado y lo que realmente se recibía, la sisa, era el gravamen que iba al fisco.

Aunque en un principio la sisa estaba destinado a cubrir necesidades financieras extraordinarias y puntuales, era tan eficaz que terminó por convertirse en permanente. La Corona podía recaudarlo directamente, o delegar en las instituciones locales, lo que permitía al rey conseguir el dinero por adelantado, que salía de las arcas municipales.

Viendo que era un impuesto seguro, los municipios también quisieron sacar tajada de la sisa, y comenzaron a recaudarlo directamente, en beneficio de sus propias arcas, y no para la Corona. Siempre con la autorización Real, claro, y explicando a qué iban a dedicar la recaudación.

¿Y a qué productos se les aplicaba este impuesto? Pues dependía de cada municipio, pero generalmente a bienes de primera necesidad como el pan, la carne, el aceite, el vino... por lo que era uno de los impuestos más impopulares.

Opinión muy distinta tenían de la sisa los que la recaudaban, porque estuvo en vigor desde del siglo XIII hasta 1845 y, la verdad, sirvió para mejorar las infraestructuras, para la dotación de servidos y para hacer frente a desastres naturales. Algunos ejemplos en España fueron la sisa del vino en Avilés para reparar lo destruido por el fuego; la de San Sebastián sobre las "cosas de comer" para reparar las torres y puentes; la del vino de Burgos para financiar inversiones en el abastecimiento de agua; la del pescado de Sevilla para fortificar Cádiz; la del vino de la Plaza para construir la plaza Mayor de Madrid...

También las hubo para gastos más superfluos, como la sisa del cuarto de palacio de Madrid sobre la carne para construir un habitación en el Palacio para doña Margarita de Austria, la del cacao y el chocolate para "otros" gastos de la monarquía o la del hierro y los metales para "las fiestas y regocijos del casamiento y recibimiento de la reina doña María Luisa de Borbón"; e incluso para fines bélicos como la del tocino y el vino para la guerra de Flandes o la del azúcar para la guerra de Portugal.

Al menos en los grandes núcleos, el recurso más habitual para financiar los gastos de infraestructuras desde la Baja Edad Media hasta la mitad del XIX fueron las sisas.