El proyecto de ley, recién salido del Senado de la República, ha generado suspicacias en algunos sectores de la vida nacional. Y no es para menos. Con los recelos que aún causa en la sensibilidad dominicana la herencia del “Caliesaje” y el “Chivateo” del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de la época de la dictadura, con fama de utilizar sus recursos y capacidades para recabar informaciones que sirvieran para el control político de la población, como parte de la estructura represiva del régimen, que vulneraba derechos, espiaba y perseguía a los opositores. Esta nueva sociedad no solo exige, también se involucra en la búsqueda de soluciones. Tal es el caso de los gremios que agrupan al sector financiero nacional, que presentaron sus aportes, observaciones y propuestas, para que este proyecto de ley pueda cumplir con su finalidad de fortalecer la seguridad nacional, sin afectar el secreto bancario y el derecho constitucional a la protección de datos personales. Y qué bueno que las comisiones de la Cámara de Diputados han prestado atención y ya existe consenso con el Artículo 11, para que el acceso a la información bancaria sea sólo vía la Superintendencia de Bancos. Con la incorporación de este aspecto en la ley se elimina cualquier riesgo que pudiese devenir de un eventual acceso indiscriminado a la información de las Entidades de Intermediación Financiera y evitar la afectación de la confianza sobre la que se fundamenta la estabilidad del sistema financiero dominicano.
El proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) corrige esas falencias y toma como referencia modelos más horizontales y eficientes como los de Estados Unidos y Canadá, para establecer un sistema integral para la seguridad nacional, conformado por los organismos del Estado que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia. Agregando elementos novedosos como: la Contraloría, para la fiscalización de la gestión interna; la Inspectoría, como ente vigilante de la protección de los derechos humanos; La Escuela de Inteligencia, para el desarrollo de la carrera de inteligencia y el Plan Anual de Inteligencia, para definir los objetivos de inteligencia a priorizar, por ejemplo: Narcotráfico, lavado de activos, migración, trata de personas, entre otros.
Los servicios de seguridad e inteligencia prestan un servicio valioso, indispensable para proteger la seguridad nacional y el libre orden del Estado democrático. Que por su naturaleza requieren un trabajo en clandestinidad y en secreto, que pudiera entrar conflicto con los principios de la sociedad abierta, por lo tanto, supervisarlos desde el poder político en democracia es fundamental. Pero para eso se necesita disponer de un marco legal actualizado, que incluya mecanismos de rendición de cuentas y control civil. Este proyecto de Ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, aunque siempre será perfectible, en sentido general, es un buen proyecto y su pronta aprobación debe ser considerada de Alta Prioridad para todos los sectores de la vida nacional. Por Carolina Ramírez H. | @MujerSeguridad El paradigma de la inteligencia cambió después del 911
--- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/mujerseguridad/support