Lo sucedido ayer en la Diputación Permanente del Congreso es asombroso. Al margen de cualquier adscripción partidista, hay una serie de asuntos sobre los que debería informar el Gobierno. Al Poder Legislativo le corresponde constitucionalmente la función de controlar al Ejecutivo. Es, además, algo razonable. Es lo que sucede en los países de nuestro entorno, pero España es, una vez más, una anomalía por culpa del Gobierno de coalición socialista comunista. Lo lógico es que las ministras y los ministros hubieran pedido comparecer a petición propia y que se hubieran adelantado a la oposición.